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"Soluciones" para la criminalidad E-mail
"... vale la pena preguntarnos si son los ciudadanos sujetos a un proceso penal quienes deben pagar con su libertad (en detrimento de la presunción de inocencia que les acompaña durante todo el proceso) la lentitud e ineficiencia con que algunas veces son investigados los delitos por parte de las autoridades competentes", plantea el señor Sergio Múnera como parte de este interesante artículo sobre el problema de la criminalidad que nos envió con el pedido de que lo publicáramos:
En semanas recientes, y con motivo del acaecimiento de lamentables actos delictivos en el país, se ha desarrollado en el seno de la opinión pública una interesante discusión respecto de la situación de alarma que vive el país en materia de criminalidad. No ha faltado quien proponga que la inseguridad ciudadana deba ser declarada estado de emergencia nacional. Por su parte, los principales diarios de circulación han dado seguimiento al tema y le han dedicado sus respectivos editoriales. Otros han acudido a medios de difusión como la radio ofreciendo proyectos de "Ley" catalogados como la panacea para superar la "incontrolable epidemia" que significa la delincuencia para la sociedad costarricense.

En todas las propuestas debatidas parece haber un denominador común: la necesidad de efectuar una reforma a la legislación penal (tanto procesal como sustantiva) pues se considera que de esa forma la criminalidad podrá ser controlada, y los delincuentes se verán imposibilitados para "burlar al sistema". Dentro de este orden de ideas, considero indispensable analizar con detenimiento estas propuestas, para así verificar que éstas sean idóneas en relación con los fines para los que se las invocan. En otras palabras, debe buscarse, hasta donde sea, posible, someter el discurso a parámetros de rigurosidad científica. Así las cosas, es fácil advertir que quienes propugnan la reforma de la Ley , normalmente aluden a un endurecimiento de las penas de prisión. En este punto, la evidencia empírica demuestra que la modificación de la norma penal incide poco (en muchos casos, nada) en la disminución de la criminalidad. Nuestro Código Penal, para poner tan sólo un ejemplo, originalmente tenía prevista una pena de prisión mínima de 8 años para el delito de homicidio. En mayo de 1994 y a propósito de un clima de alarma social (muy similar al vigente en estos días) nuestros legisladores reformaron la norma contenida en el artículo 111 del Código Penal para imponer al autor de un homicidio una pena mínima de 12 años (es decir, se incrementó el mínimo de la pena en 4 años). Tras casi 13 años de estar vigente la reforma hemos de indicar que mientras en 1994 la tasa de homicidio por 100. 000 habitantes era del 5.5, en el año 2003 pasó a ser del 7.2. Este aumento es, con muy pocas variaciones, constante desde el año 94 (Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 elaborado por el PNUD). Vemos, entonces, que el incremento de las penas como correctivo de la criminalidad es inidóneo. No se trata de una simple construcción teórica de los criminólogos, sino también del resultado de constatar lo que ocurre en la realidad.

Otra arista a través de la cual deben ser evaluadas las propuestas difundidas en las últimas semanas es la de si éstas son consecuentes o no con la orientación democrático – liberal que ostenta nuestro Estado. A estos efectos podemos analizar, a manera de ejemplo, el caso de la prisión preventiva. En este tema procesal también se clama por una reforma. Dicha reforma (presentada el pasado lunes 26 de marzo a la Asamblea Legislativa por un conocido abogado local) pretende extender los alcances de la medida cautelar a una amplia gama de delitos. En suma, lo que se pretende es que en la práctica la prisión preventiva pase a ser para el imputado, no ya la excepción, sino la regla. Lo anterior, considero, es involutivo, pues implica retroceder a estadios históricos en los que no se respetaba la libertad de los acusados como valor fundamental del sistema y se les aplicaba como regla el encierro previo al juicio (así por ejemplo en los sistemas procesales de corte inquisitivo). De este modo, vale la pena preguntarnos si son los ciudadanos sujetos a un proceso penal quienes deben pagar con su libertad (en detrimento de la presunción de inocencia que les acompaña durante todo el proceso) la lentitud e ineficiencia con que algunas veces son investigados los delitos por parte de las autoridades competentes.

Debemos escuchar con atención esas soluciones "mágicas" que se nos ofrecen a diario en los distintos medios de prensa. Creo haber demostrado con dos ejemplos que muchas veces estas propuestas carecen por completo de asidero y comprobación empírica, o bien, contradicen groseramente principios y valores fundamentales de toda democracia en detrimento del Estado de Derecho y en auspicio del Estado Totalitario y de Policía. La criminalidad tiene causas complejas, explicables sólo en vista de las condiciones sociales en que viven los individuos (en el caso de Costa Rica de profunda y creciente desigualdad). Corresponde al Estado atacar estas causas para así brindar seguridad sostenida a sus ciudadanos. Lo más fácil sería comulgar con estas falacias y lugares comunes, que tan sólo aparentan ser soluciones serias al flagelo de la inseguridad ciudadana

Sergio Múnera Chavarría
 
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